“La salud sexual y reproductiva es un derecho humano y debe ser tratada como tal durante la respuesta ante cualquier contingencia”.

0
223

Recientemente la entidad oaxaqueña ha vivido una serie de fenómenos naturales como sismos, deslaves y lluvias intensas, que han provocado serias afectaciones físicas, económicas y emocionales entre la población, así como de infraestructura en comunidades del Istmo y la Sierra modificando muchas de las dinámicas sociales y políticas así como en las formas de organización local.

Derivado de dichas eventualidades se requieren acciones urgentes que garanticen el bienestar de la población, durante las cuales es importante considerar la necesidad urgente de atención a la salud sexual y la salud reproductiva, que cobra mayor relevancia en condiciones adversas como las que atraviesa el estado, pues en dichos contextos se han documentado aumentos en las tasas de violencia sexual, de violencia obstétrica, mayores limitaciones en el acceso a servicios, a métodos anticonceptivos, infraestructura deficiente y desabasto de medicamentos en los ámbitos de la salud sexual y reproductiva.

Ante las afectaciones de infraestructura el riesgo de mortalidad materna y neonatal también puede aumentar a medida que se interrumpen los servicios médicos regulares al priorizar otro tipo de servicios y/o porque se dañan equipos médicos.

También se puede ver afectado el suministro de medicamentos para el tratamiento de infecciones de transmisión sexual, antirretrovirales, anticoncepción de emergencia, condones, la profilaxis post-exposición, así como el acceso a la interrupción del embarazo en los casos que marca la ley.

En este sentido, las organizaciones aquí presentes nos pronunciamos porque durante la respuesta ante esta contingencia no se olviden las necesidades de niñas, adolescentes y mujeres.

Recordemos que el 59% de la población menor de 18 años que vive en las entidades más afectadas por los sismos son niñas. Asimismo, en nuestro país 6 de cada 10 menores son víctimas de abusos o violencia y 9 de cada 10 no denuncian. En 5 de 6 de estos abusos las víctimas son niñas.

Asimismo, de acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, en el país hay una falta de espacios y servicios que permitan a las mujeres decidir cuándo o qué tan frecuente embarazarse, exponiéndose a complicaciones que requieren atención médica, problemas de infertilidad, mortalidad infantil y cáncer cervicouterino, entre otros; aunado a ello, la demanda insatisfecha por anticonceptivos en mujeres de 15 a 49 años es de 11 por ciento y alrededor de 54 por ciento de los embarazos no planeados en México son resueltos por un aborto inducido, cifra que representa más de un millón de abortos inducidos en mujeres de 15 a 44 años. Como se expuso anteriormente, esta situación se complica en situaciones de emergencia como la que se ha vivido las últimas semanas en nuestro estado.

Por ello, exhortamos a las autoridades correspondientes para que además de garantizar la seguridad en las zonas de riesgo, a fin de evitar violencia sexual, aseguren el acceso a anti-retrovirales para mujeres en situación de violación sexual. De igual manera, se debe garantizar el aborto con base en la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM046) Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres, a quienes como consecuencia de una violación han quedado embarazadas. Debemos recordar que en estos casos basta la solicitud de la mujer ante alguna instancia de salud para que pueda acceder a la interrupción voluntaria y legal del embarazo.

Así también, consideramos que es urgente comprometer el abasto de medicamentos, antirretrovirales, métodos anticonceptivos y su respectiva distribución.

Hacemos un enérgico llamado para que las autoridades estatales activen y respeten los planes de emergencia, las donaciones hechas por organismos internacionales, por países y actores externos y por la sociedad civil local; a trabajar por las mujeres, niñas y adolescentes como grupo prioritario de atención y actuación en las políticas públicas y programas; a accionar con firmeza y estrategia, porque las mujeres, niñas y adolescentes no son ciudadanas de segunda y el acceso a la salud sexual y la salud reproductiva representa un componente prioritario para garantizar calidad de vida, desarrollo colectivo y comunitario y el respeto a la dignidad humana.

La salud sexual y la salud reproductiva forman parte de los derechos humanos fundamentales y están contenidas en tratados y documentos internacionales donde México ha firmado y ratificado, de nuestras legislaciones federales y estatales y de nuestra máxima carta magna.

¡Por la salud sexual y reproductiva de mujeres, adolescentes y niñas! ¡Ni un paso atrás! Atentamente, Alianza Nacional por el Derecho a Decidir AHF México Colectiva Feminista Mujeres Lilas Fundación Mexicana para la Planeación Familiar Grupo de estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos Red Nacional Católica de Jóvenes por el Derecho a Decidir Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, ddeser Oaxaca SERvicios del Pueblo Mixe A.C.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here