Jurado Popular emite resolutivo por la suspensión de concesiones mineras en Oaxaca

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Oaxaca, Oaxaca 12 de octubre Tras haber sesionado durante 2 días el juzgado popular comunitario en contra del Estado y las empresas mineras en Oaxaca conjuntamente con organizaciones sociales autoridades municipales y ciudadanos de 60 comunidades sacaron sus resoluciones que dieron a conocer en el Atrio de la Catedral de la ciudad.

Durante los testimonios presentados por los habitantes de los pueblos indígenas de Oaxaca se encontraron 22 casos de violaciones a sus Derechos Fundamentales cómo son: el derecho al territorio y al acceso preferente a los recursos naturales, derecho al desarrollo propio, derecho a la identidad cultural y derecho a la información técnica y culturalmente adecuada.

Se destacó que en Oaxaca se encuentran activos 41 proyectos Mineros que pertenecen empresas registradas en Canadá, Estados Unidos, Perú, Australia y México. La secretaría de economía ha otorgado 322 concesiones mineras de 2002 a 2006 en el estado de Oaxaca, que abarcan un superficie de 462,974 hectáreas.

Dentro de los casos de contaminación ambiental presentados resaltó el último, habitantes de Magdalena Ocotlán denunciaron e desbordamiento de la presa de jales de la empresa Fortuna Silver Mines que contaminó el Río del Coyote, que causó gran alarma porque a escasos metros está el pozo que abastece de agua a la población, y es hasta el momento que ninguna autoridad ambiental ha intervenido.

Otro testimonio presentado por los integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO) importante fue el de San José del Progreso Ocotlán en donde está la mina Cuzcatlán filial de la minera canadiense FSM que está explotando oro y plata desde el 2011 y por la lucha han sido asesinados Bernardo Vázquez Sánchez y Bernardo Méndez.

Las resoluciones del jurado, fueron:

1.- adoptar medidas y políticas que garantizan de manera plena y efectiva que el ejercicio de la libre determinación, autonomía, formas de gobierno y relación con sus territorios, lagunas ríos, montañas y mares; así como explicó respeto de sus sistemas normativos.

2.- Declarar el estado de Oaxaca como un territorio libre de proyectos Mineros.

3.- Cancelar las concesiones y asignaciones mineras vigentes por haberse otorgado en completa violación de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos.

4- Suspensión inmediata de la entrega de títulos Mineros en tanto no se elabore un nuevo marco jurídico Que respete de manera plena y efectiva de los derechos de los pueblos indígenas.

5.- Derogación de la actual ley minera y otras que guardan relación con esta industria; y la aprobación de una nueva ley en el marco de respeto de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos, protectora y tendiente a reparar integralmente las violaciones a derechos humanos hasta hoy ocasionadas.

6.- Garantizar a quienes defienden los territorios indígenas frente a los impactos de las industrias extractivas, El ejercicio del derecho a defender sus derechos en condiciones de libertad y seguridad. Así mismo, se lleve a cabo la ratificación por parte del Senado de la República, del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).

7.- Detener la política de criminalización de la protesta social, castigar a los responsables de asesinatos y presentación con vida de manera inmediata de las personas desaparecidas defensoras del territorio así como suspender las órdenes de aprehensión por las mismas razones, así como las amenazas individuales y colectivas.

8.- Creación un mecanismo efectivo y culturalmente adecuado para garantizar el acceso a información oportuna para los pueblos indígenas, relacionada con planes y proyectos que pudieran afectar sus territorios y bienes comunes.

9.- Cumplir con las recomendaciones formuladas al Estado mexicano por los mecanismos internacionales de Derechos Humanos, en particular de las Relatorías Especiales de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y sobre Personas Defensoras de Derechos Humanos. El veredicto se entregará a autoridades comunitarias, estatales, nacionales e instancias de Derechos Humanos a nivel nacional e internacional.

Todos los casos fueron presentados ante el jurado conformado por: Blanca Chancosa, lideresa indígena del pueblo Otavalo de Ecuador; Jakeline Romero Epiayu, integrante de la organización Fuerza de Mujeres Wayúu y Premio Nacional de Derechos Humanos de Colombia; Daniel Cerqueira, abogado experto en Derechos Indígenas de Brasil; Miguel Álvarez, premio nacional de Derechos Humanos de México; Abel Barrera, director del centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, de México; Beatriz Gutiérrez, lideresa de San Mateo del Mar, Oaxaca; Carmen Herrera García, de Abogados y Abogadas por la Justicia de los Derechos Humanos A.C.; Francisco López Bárcenas, abogado mixteco, experto en derechos indígenas.

Miguel Ángel Luna

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